Texto: Mónica Cruz
Fotos: Mónica Cruz y Fernanda Rojas
Los últimos tres años han sido los más difíciles en la vida de la familia Velázquez Florencio. El dolor, enojo y desconcierto presentes ante la pérdida abrupta de un ser querido, adquirieron un carácter cotidiano y se mantuvieron, e incluso se intensificaron, durante la búsqueda de justicia que emprendió Lidia Florencio Guerrero después de que a su hija Diana Velázquez Florencio de 24 años de edad, le arrebataran la vida un 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México.
El camino que hasta ahora ha recorrido la familia de Diana a raíz de este suceso ha estado lleno de trabas, inconsistencias y negligencias desde el momento en que reportaron su desaparición. Pero para Lidia y Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana, julio y agosto de 2020 fueron meses realmente agotadores.
A partir de la instauración de la Jornada Nacional de Sana Distancia con motivo del Covid-19 en México, Lidia comenzó a temer la decreciente atención que podría recibir el caso de su hija: “Cuando empezó la pandemia nos dio más preocupación porque si vimos que antes de eso no habían trabajado, pues mucho menos con la pandemia. Ahora sí que iban a dejar más en el olvido el feminicidio de Diana”. Así que en julio del presente año decidió emprender una acción desesperada para ser escuchada.
Sabiendo que el sentimiento de justicia no era exclusivamente suyo sino también de muchas madres que habían perdido a sus hijas en el Estado de México, organizó, con la ayuda de la activista feminista María Luisa García Andrade, un Plantón de familiares víctimas de feminicidio frente a Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México que se instaló el 6 de julio.
Como demandas, el plantón exigía que se diera seguimiento a la investigación del feminicidio de Diana Velázquez Florencio y una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar tres peticiones:
1) La creación de una ley para proteger a huérfanos por feminicidio.
2) Que todas las muertes violentas de mujeres sean homologadas como feminicidio, no como homicidio.
3) Que las personas de más de 15 años que cometan delitos graves como feminicidio sean juzgados como adultos.
Desde el primer día, el plantón recibió apoyo tanto de colectivas feministas como de individuos que se organizaron para recaudar fondos y ayuda en cuestión de víveres y materiales necesarios para el sostenimiento de la acción. Se organizaron talleres por y para mujeres; conciertos, números artísticos y proyecciones de documentales relacionados a la resistencia feminista en el territorio mexicano.
Sin embargo, para ellas fue una situación difícil desde el inicio. Comenta Lidia que ella ni siquiera contaba con una casa de campaña para comenzar el plantón, tuvo que pedirla prestada. Asimismo, diversos familiares de víctimas de diferentes estados, principalmente mujeres, se vieron en la necesidad de retirarse a causa de sucesos fortuitos de salud o trabajo de cuidados, dejando a la madre y a la hermana de Diana como la única familia en el plantón.
La descalificación al movimiento feminista que ha hecho López Obrador minimizando públicamente la violencia machista en diversas ocasiones. El hostigamiento por parte de granaderos, el acoso de la población civil (principalmente hombres), así como las condiciones climáticas de fuertes lluvias y la constante amenaza de contraer coronavirus, fueron cuestiones que complejizaron la labor de resistencia. Pese a estos obstáculos, la familia de Diana depositó sus esperanzas en el plantón.
El 27 de julio Lidia Florencio fue citada a una reunión con la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero en Palacio Nacional en donde se le informó que ya había sido detenido el supuesto feminicida de Diana. No dieron más información, sólo se le dijo que se estaba gestionando una cita con el fiscal Alejandro Gómez Sánchez en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ubicada en Toluca de Lerdo.
En esa reunión solo estuvieron la fiscal de Feminicidios, Irma Millán, la subprocuradora de Género y el secretario particular del fiscal. Alejandro Gómez no se presentó a la cita. En ésta se le entregó al asesor jurídico de Lidia la declaración del supuesto feminicida, cosa que a ella la dejó intranquila:
“Como el juez no ve a mi hija descuartizada, como no ve a mi hija mutilada con lesiones degradantes, él dice que no estuvo en riesgo, que no fue violada a pesar de la evidencia de ADN que demuestra un agresor”.
Tras estas declaraciones obtenidas de la Fiscalía, la familia de Diana comunicó que no se retirarían del Zócalo y que iban a permanecer hasta que se le diera resolución al caso. No obstante, luego de más de un mes, la salud de Malú Andrade y Lidia Florencio había comenzado a deteriorarse y las lluvias hicieron imposible el sostenimiento del plantón. Primero Malú dio positivo a la prueba de Covid-19 y fue internada. Lidia y Laura, cansadas y para no ponerse más en riesgo, decidieron retirarse el 19 de agosto.
La madre y hermana de Diana publicaron en redes un comunicado informando su retiro:
A pesar de que el gobierno no atendió del todo el feminicidio de la hermana de Laura y de que el presidente López Obrador no firmara los tres puntos contenidos en la propuesta de Malú Andrade, las mujeres que participaron lograron que se hiciera un avance en el caso de Diana y que la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México liberara los fondos a canasta básica y pensión para la niñez en situación de orfandad por feminicidio, recursos que estuvieron retenidos desde el inicio de la pandemia.
Voces de Quimeras 